El sector de la biomasa vive momentos complicados desde hace más de dos años. Desde el año 2020 los costes de las operaciones agrícolas, forestales y de transporte han subido notablemente, y como consecuencia de estas subidas el precio de la Biomasa se ha incrementado en un 36,49%, pero la subida no figura en la regulación actual.
Durante los años 2021 y 2022 los precios del gasóleo para las operaciones de extracción y transporte de biomasa se han incrementado un 55,5% y un 61,39%, respectivamente.
Los costes salariales han subido de media un 13,36% de 2020 a 2021; mientras que los productos forestales en origen han aumentado su precio entre un 9% y un 150%. Todo esto coincide con una demanda cada vez mayor del consumo de biomasa agroforestal.
Los costes de explotación de estas plantas han aumentado en un 21%, pero el Ministerio contempla en las ordenes de parámetros retributivos del sector que solo han crecido un 1% en el último año. Por ello, basándose en este dato alejado de la realidad, las retribuciones para hacer esta actividad rentable son escasas y, como consecuencia, están llevando a algunas empresas al parón de su producción y cierre temporal de sus instalaciones.
El sector solicitaba a final de año un cambio que recoja los costes de hoy y no la actualización que los sitúa en un 1%, además de iniciar conversaciones con el Ministerio para incorporar una nueva metodología que contemple un índice nacional de precios de biomasa y permita una actualización de los precios de los combustibles más ajustada a la realidad para las retribuciones de 2023 en adelante. El objetivo, salvar el sector de energía renovable con mayor efecto en la creación de empleo y que, además, contribuye a la vertebración del territorio y favorece la fijación de población en los entornos rurales.